El revuelo causado por la reciente presentación de la iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación ha suscitado múltiples opiniones. En este trabajo se sostiene el criterio de que antes que una reforma a la normatividad en materia de patrimonio es más urgente una revisión de las políticas a seguir en esta materia. Ésta debe basarse en la experiencia acumulada en años y en el reconocimiento de que la política de patrimonio es un rostro más del proceso de democratización de nuestra sociedad. Sólo garantizando la conducción de los asuntos públicos por parte del Estado la sociedad estará en condiciones de velar por el patrimonio, haciendo confluir a los más variados agentes sociales.